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En la sociedad contemporánea se encuentra
presente un fenómeno complejo y en continuo crecimiento: la realidad de los
medios de comunicación social, los “ mass-media”, o los “medios de masas” que
están presentes en parcelas cada vez más amplias de nuestra vida. Los medios de
comunicación acercan a la “aldea global”, en donde hechos, acontecimientos,
informaciones, opiniones, de todo el planeta llegan a ser conocidos de forma
casi inmediata en los lugares a los que dichos medios alcanzan. El fenómeno
reviste tanta importancia que a pesar de su novedad, existe una amplia
bibliografía sobre los medios, su incidencia en la sociedad, su estructura
comunicativa, sus códigos expresivos y los recursos propios de cada medio.
Los ciudadanos deben
disponer de información plural e independiente acerca de las diferentes
alternativas existentes para definir y formular sus preferencias en el marco de
cualquier sistema poliárquico. Los medios de comunicación desempeñan un papel
fundamental como transmisores de información, creadores de opinión y agentes de
socialización, esto es, instrumentos de difusión y transmisión de los valores
políticos.
Especialmente durante las
campañas electorales, los partidos y candidatos transmiten de forma directa e
indirecta información sobre sus proyectos políticos. Cuando lo hacen de manera
directa utilizan vías como internet, cartas, mítines, entrevistas, contacto
personal, pero cuando lo hacen de manera indirecta emplean la prensa, la radio,
la televisión. Los medios de comunicación también tienen un papel importante
como agentes de movilización.
Ellos dan visibilidad a los
actos participativos, especialmente si estos son de protesta, lo que ayuda a su
eficacia, y son instrumentos que contribuyen a que los líderes políticos
movilicen a diversos sectores en su favor e incluso con su mera cobertura
periodística puede contribuir a esa movilización. Los medios de comunicación
son actores políticos que expresan o articulan intereses de diversos sectores
económicos y sociales ligados a los mismos.
Los medios ejercen control
político sobre lo que ocurre en las instituciones y en la vida política. Tienen
un papel clave como agentes de denuncia y control de las acciones de gobierno,
sobre las actuaciones de la oposición o, a nivel más personal, sobre la vida
misma de los políticos. Los medios pueden se convertir en grupos de presión
sobre cuestiones puntuales, cambiar el desarrollo de unos hechos e incluso hacer
que una política no se lleve a cabo o que un gobierno tenga que renunciar.
Los medios de comunicación
de masas cuando son de propiedad pública también pueden ser entendidos como
instituciones políticas que se encargan de desarrollar un servicio público en
beneficio de toda la población. La posición idealista asume que cuando un medio
es público en una democracia competitiva, no responde a las necesidades del
gobierno de turno, sino que se convierte en el transmisor de una serie de
valores democráticos y constitucionales del conjunto del Estado.
A pesar de los deseos de
independencia que se puedan exigir, los contenidos de un medio de comunicación
público forman parte de una política pública gubernamental, con lo cual los
medios están sujetos a los criterios del partido, grupo político o líder que
está en el poder. Por ello es fundamental garantizar la independencia política
y económica, garantizar el acceso de la ciudadanía y el desarrollo de
contenidos de calidad a estas instituciones.
Ninguna organización social
es ajena esta realidad y menos los partidos políticos y su representación de
todo un sistema político. Los partidos políticos desempeñan funciones
específicas en los regímenes democráticos, clasificadas de acuerdo a su origen
en social e institucional. Las funciones sociales son aquellas que tienen los
partidos como organizaciones que nacen de la sociedad, ante la cual tienen
ciertas responsabilidades. Entre ellas se destacan la socialización política,
la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la
legitimación del sistema político. (Cárdenas, 2011)
La socialización política
implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la democracia. Los
primeros partidos de masas, que fueron de carácter obrero, estaban encargados
de afirmar una identidad de clase y de preservar y transmitir pautas de
comportamiento y valores que configuraban la cultura de la clase obrera.
Los partidos modernos siguen
teniendo la obligación de promover los valores democráticos, el respeto de los
derechos humanos, la práctica de la tolerancia y el derecho al disenso, así
como también la de capacitar a sus miembros en los principios ideológicos del
partido y difundir éstos entre los ciudadanos. Para realizar estas actividades
cuentan con medios de difusión, publicaciones, escuelas de cuadros y, en
general, centros de transmisión de sus ideas, no sólo a sus militantes, sino a
todos los ciudadanos.
En la actualidad, la función
socializadora de los partidos ha descendido en importancia por el papel
creciente de los medios de comunicación. Los medios partidistas tienen una
precaria existencia, pues los ciudadanos y en ocasiones los mismos afiliados
prefieren una información menos doctrinaria. Gran parte de la llamada crisis de
los partidos tiene que ver con la actual debilidad de su función socializadora,
pues ello se interpreta como una incapacidad para vincularse con las
aspiraciones y los intereses de la sociedad.
Corresponde a los partidos
políticos permitir que se expresen las opiniones, pareceres y criterios de la
sociedad civil y posteriormente dirigirlos a una concreción eficaz. Los
partidos, al disponer de los medios materiales y las garantías de permanencia y
continuidad, pueden asegurar la generación de movimientos de opinión. Sin
embargo, algunos críticos de los partidos han señalado que éstos han sido
rebasados por los movimientos sociales en cuanto a su aptitud para movilizar la
opinión pública.
Esta afirmación difícilmente
se puede generalizar puesto que algunos partidos han perdido su capacidad para
articular las demandas de la comunidad, y ante ciertas reivindicaciones de los
movimientos sociales no actúan con la celeridad que se requiere. Otros, en
cambio, actualizan y reformulan sus estrategias y logran conformar mejores
ofertas políticas frente a sus miembros y al resto de la sociedad.
La tercera función social de
los partidos es la representación de intereses. En la actualidad los partidos suelen intentar
representar intereses muy variados y a veces contradictorios, lo cual significa
que los partidos son medios de canalización de múltiples intereses, pero
tienden a preferir unos sobre otros, atendiendo a su origen histórico o
ideológico o a una determinada coyuntura política.
La última de las funciones
sociales de los partidos es su papel como legitimadores del sistema político. Los
criterios para medir la legitimidad de un sistema van desde su capacidad para
mantenerse estable, ser eficaz y gozar de la aceptación de los ciudadanos,
hasta la de respetar los derechos humanos en todas las esferas del poder. Uno
de los criterios más aceptados en una democracia para medir la legitimidad del
sistema alude a su capacidad para promover en su conjunto los procedimientos y
las instituciones democráticas y para garantizar y respetar los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Los partidos desempeñan una
importante labor en esta función legitimadora, pues tienen un papel fundamental
en la conformación de los órganos del Estado mediante las elecciones y, por
otra, son focos de discusión y debate, con la obligación de no cancelar los
procedimientos y las instituciones democráticas, y velar por el respeto de los
derechos fundamentales.
Los partidos políticos hacen
posible la democracia al hacer viables las decisiones mayoritarias e impiden
excluir de los derechos a las minorías, permiten el consenso pero también el
disenso y, por tanto, la tolerancia y el libre debate de las ideas, programas
políticos y leyes. Esta función es la más importante de los partidos y refuerza
la necesidad que tienen las democracias de conservarlos y perfeccionarlos.
Las otras funciones de los
partidos políticos son las institucionales. Entre ellas se encuentran el
reclutamiento y selección de élites, la organización de las elecciones y la
formación y composición de los principales órganos del Estado, consideradas indispensables
para la integración de los órganos del Estado y, por tanto, para la existencia
de la organización estatal y del Estado de derecho.
La primera de las funciones
institucionales, el reclutamiento y la selección de gobernantes, obedece a la
necesidad que tiene cualquier sociedad de contar con un grupo dirigente que se
encargue de la administración de los asuntos comunes. Una de las consecuencias
más nefastas que trae consigo esta función, cuando no se realiza utilizando
métodos y procedimientos democráticos internos, es la tendencia al
funcionamiento oligárquico de los partidos.
De acuerdo a Michels (2008),
este sigue siendo el desafío más grande que enfrentan los partidos, ya que la
organización formal que requiere el partido para desarrollarse lleva en
ocasiones a que los dirigentes adopten decisiones por encima de los intereses y
deseos de la base. A pesar de ello, el reclutamiento de gobernantes, tiene
efectos positivos en el sistema en su conjunto: contribuye a darle estabilidad,
a profesionalizar la política y a alentar liderazgos que suelen ser
determinantes en la vida de los Estados.
La segunda función
institucional es la de organizar elecciones, lo cual implica la influencia de
los partidos en la elaboración de la legislación electoral, su papel en todas
las etapas o procesos electorales y el hecho de ser los principales
beneficiarios del resultado electoral. La preponderancia de los partidos sobre
las candidaturas independientes, cuando éstas existen, es más que notable.
De esta forma, los partidos presentan
candidaturas, llevan a cabo la totalidad de la campaña electoral, determinan qué
candidatos o afiliados participan en dicha campaña, designan representantes en
las mesas electorales, participan en la totalidad del escrutinio y están
legitimados para plantear los recursos que consideren oportunos y sean
procedentes en materia de derecho electoral. Es casi imposible que funcione un
sistema electoral sin el concurso de los partidos políticos.
La tercera de las funciones
institucionales de los partidos es su papel en la organización y composición de
los poderes públicos, principalmente del poder legislativo. Los candidatos
triunfadores de los partidos integran las cámaras y conforman grupos
parlamentario; igualmente, ocupan las distintas comisiones y estructuras del
congreso.
En el caso del poder
ejecutivo, y más aún en aquellos países donde no existe personal de carrera,
los partidos triunfantes llenan casi en su totalidad los cargos públicos.
Respecto al poder judicial, los partidos suelen tener en varios países una
importante función en la designación de los miembros más importantes de la
judicatura, pues mediante sus representantes en las cámaras y en el poder
ejecutivo determinan quiénes serán los próximos ministros o magistrados.
Sobre el resto de los
órganos del Estado, los partidos tienen también la función de organizarlos e
integrarlos, influyendo en la designación o el veto de sus miembros y
aprobando, por la vía legislativa, la estructura de los distintos cuerpos de
autoridad. Esa es la razón por la que se ha sostenido que el Estado moderno es
un Estado de partidos, y cuando degenera en corrupción y clientelismo deriva en
partidocracia.
De esta forma, la
participación política es un término que va unido al de democracia. Para que la
democracia sea legítima, necesariamente necesita de la participación política,
que es la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los
acontecimientos políticos; es decir, son acciones que realizan los ciudadanos
para incidir en un bajo o alto grado en los asuntos de un Estado.
Desde la perspectiva de la
ciencia política, y más concretamente desde la teoría democrática de las
elites, el liderazgo se ha considerado una pieza básica del sistema
representativo democrático por los variados e importantes papeles que
desempeña: desde nexo de unión de los militantes, pasando por ser la voz y el
rostro del partido en sus aspiraciones, hasta devenir icono del electorado.
Las estrategias productivas
de los medios informativos, en su afán por ganar audiencia, no hacen sino
incrementar este fenómeno. Cada vez resulta más difícil encontrar una noticia
de política sin contenido personal del líder político. Se trata de un concepto
de liderazgo político basado en la visibilidad del medio; un liderazgo creado y
diseñado para “ser observado” como símbolo de acciones y propuestas de su
partido o de su gobierno (Rospir, 1999). Se trata de un liderazgo
“electrónico”, en la medida en que su existencia, continuidad o futuro pende
del medio audiovisual. De allí surge la afirmación que “El líder electrónico no
tiene un pueblo; tiene público, tiene espectadores”.
La comunicación política se
encuentra situada entre la ciencia política, la sociología y las ciencias de la
comunicación. Estudia el papel de los medios de comunicación en la esfera
política e incide en los procesos de comunicación de masas y en el comportamiento
político. Aunque existe la tendencia generalizada a centrar el análisis de esta
práctica en torno a las elecciones, la comunicación política no se sitúa
solamente en el estudio de estos momentos sino de procesos políticos diversos
(Rospir, 1990).
Los medios de comunicación
son en la actualidad el espacio público de la comunicación política. Desde
esta concepción, en su calidad de gestores institucionales de la opinión
pública, los medios de comunicación parecen estar desplazando en la actualidad
a otras instituciones, tales como la familia, la escuela o los partidos
políticos, de su condición de agentes de socialización política, La centralidad
de la televisión en el terreno de la comunicación política y en ese carácter
están afectando las dimensiones cognitiva, afectiva y evaluativa de la cultura
política. (Vega, 2010).
En
el terreno de la comunicación política, antes de su aparición, el escenario de
encuentro entre ciudadanos y políticos lo constituían los mítines y el
parlamento, de los que la radio y la prensa solo daban cuenta, pero con su
irrupción se modificó la forma de hacer política: urgió a adaptarla a un
lenguaje televisivo. La televisión ha influido en la política al imponerle sus
propias lógicas expositivas, modificando con ello el escenario político en
general.
El resultado de estas mal
implementadas estrategias es el debilitamiento de las identidades partidarias
como referencia clave de la decisión electoral. Este fenómeno comporta una
progresiva disminución del voto de clase, en particular, y de los
comportamientos electorales. En cambio, los factores coyunturales como climas
de opinión y, sobre todo, la elección de candidatos, parecen ganar fuerza en la
evaluación del elector para elegir su papeleta, lo que no dejaría de ser un
factor más de desideologización de la sociedad al sustituirse la identidad
partidaria por los temas difundidos por los medios masivos de comunicación.
La consecuencia final es que
parece haberse asentado en la cultura política de las sociedades actuales el
axioma de que no puede haber política sin líder. Lo que no deja de ser una
contradicción con la propia base etimológica de la palabra democracia,
concebida como el gobierno del pueblo por el pueblo. Al mismo tiempo, el líder
se convierte en el referente básico de la competencia electoral democrática, lo
que significaría reconocer una vuelta a la vieja tesis weberiana de que las
elecciones son plebiscitos entre candidatos.
Todos estos cambios tienen
un motor básico en la televisión, lo que también implicaría asumir que son los
medios los responsables últimos de la comunicación política. Es decir, que el
resultado final de la comunicación política pasa a depender de la capacidad de
visibilidad que logre el líder en los medios electrónicos, así como de la
fuerza comunicativa que tenga la imagen que proyecte (Bouza, 1988).
En este momento se introduce
en este análisis el concepto de opinión pública, el cual es ambiguo, difícil de
delimitar; y siempre problemático. A pesar de la dificultad de encontrar una
definición general y unívoca de la opinión pública se puede afirmar que es un
fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto histórico y
sociocultural.
Al mismo tiempo que es
producto de varios factores como la personalidad de los individuos, de los
estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de
la acción de los medios de comunicación, entre otros. El problema, por tanto,
es complejo y debe ser revisado con un alto sentido crítico.
De hecho, los medios de comunicación,
tanto escritos como electrónicos, han tratado de influir en el quehacer
estatal, no siempre en beneficio del bien común y de la libertad de expresión
como a veces se ha querido entender, sino en su propio interés y conforme a
procedimientos bien lejanos de la libertad de información de los usuarios, ya
que muchos medios de comunicación sirven a los intereses de sus propietarios,
promueven las campañas que política, económica y culturalmente interesan a
quienes pagan.
Si se revisa el papel que
juega el Estado, pareciera el de un
empresario más dentro del campo de la competencia económica, en donde lo
que interesa no necesariamente es el poder político, sino las ganancias
económicas que represente la participación y el control de los flujos de
información. La relación entre medios y la democracia, como ya se ha afirmado,
consiste en que la información es la base de todo proceso democrático, o como
afirma Valadés: "todo proceso democrático es un proceso comunicativo"
ya que la democracia misma es el resultado de procesos deliberativos y toda
deliberación "supone la modificación endógena de las preferencias a través
de la comunicación".
Tal como lo afirma Dahl
(1992) todo sistema democrático tiene dos componentes básicos: (1) Libertad de expresión:
los ciudadanos tienen el derecho a expresarse, sin correr peligro de sufrir
castigos severos, en cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la
crítica a los funcionarios públicos, el gobierno, el régimen, el sistema
socioeconómico y la ideología prevaleciente, (2) Variedad de fuentes de
información: los ciudadanos tienen derecho a procurarse diversas fuentes de
información, que no sólo existen sino que están protegidas por la ley.
En concreto, los medios de
comunicación en una sociedad democrática moderna cumplen con las siguientes
funciones: a) producir información, cultura, educación y entretenimiento que
contribuya a la formación de una cultura cívica; b) supervisar y vigilar la
gestión y organización del poder público; c) servir al interés público de los
ciudadanos; d) difundir dicha información y convertirla atractiva para la
audiencia. En este aspecto, una vez que se hayan establecido las normas
jurídicas que den figura a un sistema democrático, el papel del Estado se
reduce a velar por el cumplimiento de las modalidades de los derechos, sea para
impedir los abusos, o sea para anular los actos contrarios a las normas.
Resulta importante señalar
que en paralelo a esta revolución democrática, especialmente en los últimos
veinte años, se ha producido una nueva revolución tecnológica, significando el
traspaso desde una sociedad industrial hacia una sociedad basada en el
conocimiento, en red, con el crecimiento exponencial de Internet como máxima
expresión de sus ilimitadas posibilidades. El entrecruzamiento entre ambos
fenómenos, democracia e Internet, es tan evidente como de estudio reciente.
Internet proporciona
múltiples oportunidades para la participación ciudadana, como el desarrollo
potencial del voto mediante conexión en línea; la puesta a disposición del
usuario de páginas electrónicas de partidos y candidatos; el acceso a fuentes y
documentos públicos y gubernamentales; el aumento de la capacidad de trabajo y
cooperación entre grupos de interés y nuevos movimientos sociales; la fácil
disponibilidad de fuentes de información y noticias sobre acontecimientos de
actualidad provenientes de periódicos en línea, televisión de banda ancha y
canales de radio; la capacidad de los ciudadanos de ponerse en contacto con los
representantes por ellos elegidos y de examinar a fondo la legislación emanada
de las instituciones locales y nacionales; y la puesta a disposición de
servicios públicos en línea sobre impuestos, sanidad, vivienda y educación. Los
partidos también pueden disponer de Internet para generar más posibilidades de
participación, movilización e información a sus miembros y mejorar los
condiciones de comunicación entre ellos y los líderes partidistas.
Las
características estructurales propias de la Web la convierten en el ejemplo perfecto
de un sistema democrático: la carencia de control
centralizado, la creación de redes de pares, la cultura en torno a compartir, y su carácter masivo. Teóricamente, el acceso
universal a Internet se constituiría en un mecanismo abierto, inclusivo y a
bajo costo para que todas las personas tengan acceso equitativo a mecanismos de
participación, comunicación y organización.
Sin embargo,
los retos de la democracia electrónica incluyen, entre otros, preocupaciones relacionadas con la seguridad y protección de los
datos personales, y la verdadera existencia de
ese acceso universal a Internet del que hablamos, sumado a los niveles de
alfabetización digital necesarios para que las personas puedan participar de
manera efectiva. Los sistemas democráticos con los que contamos en la
actualidad no suelen requerir una comprensión demasiado profunda de su
funcionamiento, aunque quizá pueda argumentarse que esta carencia de
conocimiento por parte de los votantes sea una falla y no una virtud.
En teoría, Internet ofrece a las personas un mecanismo más sencillo y a
menor costo para investigar sus opciones e involucrarse en la política, lo cual
debería facilitar que más personas participen del proceso. En los lugares
donde, además, se permite y protege el anonimato, éste puede hacer que la
persona se sienta más segura de expresar sus opiniones con respecto al
gobierno. Aunado a esto, lo que quizás constituya el centro del concepto de
democracia digital es la posibilidad que ofrece Internet de construir una
plataforma de seguidores, de influenciar las opiniones de un
alto número de personas aún contando con muy pocos recursos financieros.
Castells (2011) afirma que
estas nuevas tecnologías de la información tiene las siguiente características:
(1) Son tecnologías que actúan sobre la información, y no solamente información
para actuar sobre la tecnología; (2) Poseen efectos y alcances con una elevada
capacidad de penetración; (3) La lógica de interconexiones de todo el sistema o
conjunto de relaciones que utiliza hace que la morfología de la red pueda
adaptarse a una complejidad creciente de interacción, con pautas de desarrollo
impredecibles que surgen del poder creativo de esa misma interacción; (4)
Poseen una flexibilidad que las hace maleables e incontrolables a la vez; (5)
Iniciadas como tecnologías muy específicas, terminan convergiendo en un sistema
altamente integrado.
Entonces resulta evidente
que otra comunicación es posible. Los grandes medios de comunicación ya no son
la única fuente. Los medios tradicionales están siendo obligados a redefinir su
papel. Ahora, cualquiera puede buscar sus propios canales para informar y ser
informado, gracias a múltiples aplicaciones puestas a disposición del
ciudadano. Las nuevas tecnologías han aumentado de forma espectacular la
potencialidad de los medios.
La información es poder y el
poder, y las relaciones de poder, son esenciales, en toda sociedad porque quien
tiene poder construyen las instituciones en función de sus intereses y valores.
Se ha pasado de un sistema de comunicación de masas, a un sistema de
auto-comunicación de masas, a través de internet y de las redes móviles.
Por auto comunicación de
masas se entiende la capacidad de cada persona de emitir sus mensajes,
seleccionar los mensajes que quiere recibir, organizar sus propias redes,
ponerse de acuerdo con otras personas en redes en internet, en que los
contenidos, las formas, los participantes de esas redes son decididos
autónomamente.
Efectivamente todo esto en
un entorno dominado por las empresas de telecomunicación, las empresas de
internet. Pero, aún en ese espacio, hay posibilidades infinitamente mayores de
las que había en los medios tradicionales de comunicación de masas, para
organizar redes horizontales de comunicación interactivas, que llegan a la sociedad
a través de personas, intereses, valores, grupos sociales, que no se están
representando en los sistemas corporativos de poder. Y por consiguiente se ha
ampliado extraordinariamente el espacio de la comunicación conflictiva y por
tanto el espacio de la capacidad de auto organización de las personas en la
sociedad.
La comunicación es esencial,
un derecho fundamental, porque si es la base del poder y del contra poder, la
democratización de la comunicación es el principio de la democratización de las
instituciones y de la sociedad misma. La comunicación libre, autónoma y para
todo el mundo, es un derecho tan fundamental como la salud o la educación.
En la democracia actual los
medios de comunicación se han convertido en un sistema parapolítico que influye
en el sistema, las instituciones, los ciudadanos y los modos de relacionarse
con, desde y hacia el poder (Corredor, 2003). Sin embargo, es obligatorio volver la vista a lo que
realmente los medios de comunicación ofrecen y ponderan en un esquema de conglomerados
que concentran la información.
Recordando
que una de las características o estrategia de negocios de las empresas
mediáticas es el sensacionalismo o dramatismo en las historias, creando un
sistema de valores falsos que son sostenidos por estudios de mercado y lanzados
como "lo que interesa al público" que no es lo mismo que "el
interés público".
El
hecho es que si los medios de comunicación no fomentan los valores democráticos
y enriquecen la cultura cívica, resulta que el negocio que los medios
representan no es compatible con los propósitos democráticos o útil siquiera al
Estado de derecho. Es más, el sensacionalismo ha probado ser mitigante de los
valores democráticos. (Luna, 2001).
Las
democracias actuales requieren de una cultura cívica sólida que participe y se
interese por los asuntos públicos. En
cuanto la sociedad civil se organice y se forme una masa crítica capaz de
manifestar sus necesidades y deseos frente a la información, contenidos y
acceso que de los medios obtenga, estos serán rentables y capitalizables como
beneficiosos para la sociedad.
Referencias Bibliográficas
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Disponible: http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=503
Castells, M. (2011). Comunicación, poder y democracia.
Disponible: https://culturaelectoral.wordpress.com/2011/05/27/manuel-castells-comunicacion-poder-y-democracia/
Corredor, M. (2003). De la retórica a la ciberpolitica.
Disponible: http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM2003121_4-9.pdf
Dahl, R. (1992) La democracia y sus críticos. Disponible:
http://ih-vm-cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_079_14.pdf
Luna. I.
(2001). Medios de comunicación y democracia:
Realidad, cultura cívica y respuestas legales y políticas Disponible: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_iluna.html
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Michels, R. (2008). Los Partidos Políticos.
Rospir, J. (1999). "La globalización de las campañas
electorales". En A. Muñoz-Alonso y J. Rospir, Democracia mediática y
campañas electorales, pp. 55-88, Madrid: Ariel Comunicación.
Vega, A. (2010). La centralidad de la televisión en el Terreno
de la comunicación política- Disponible: file:///C:/Users/Ana/Downloads/Dialnet-LaCentralidadDeLaTelevisionEnElTerrenoDeLaComunica-3739702.pdf
