Participación efectiva

La participación solo será efectiva si se concibe como un proceso educativo permanente, ya que para que la población sea consciente de sus problemas y de las características que definen su situación y además sea capaz de comprometerse con los procesos de cambio que originarán mejoras en su calidad de vida, es imprescindible que adquieran capacidades para ampliar sus espacios de actuación, de tal forma que se encuentren mejor preparados para dirigir dichos cambios. 

Desde el punto de vista del Estado, desarrollar políticas públicas activas en materia de Participación Social, particularmente a través de la educación respecto de los beneficios que esto trae en términos de ampliación y consolidación de la democracia como sistema político, es una manera de promover como efecto colateral las demandas de Participación Ciudadana legítima en la gestión pública, y a través de ello, una clara apuesta a aumentar en cantidad y calidad este tipo específico de participación. 

El tema de la participación es amplio y complejo: Cunill (2003), establece una clasificación de la participación, basada en la relación de los individuos con el Estado, distinguiendo entre: (a) participación social, (b) comunitaria, (c) política, y (d) ciudadana. La participación social se refiere a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones de la Sociedad Civil para la defensa de sus intereses sociales. Supone la pertenencia a una organización en la cual los individuos se relacionan no con el Estado sino con otras instituciones sociales. 

La participación comunitaria se relaciona directamente con el Desarrollo Comunitario, cuya intencionalidad va dirigida a fomentar la iniciativa de los propios individuos respecto de la solución de sus problemas y eventualmente orientar su acción hacia los objetivos de desarrollo previstos en los planes. La participación política es entendida como la intervención de los ciudadanos básicamente a través de los partidos políticos, parlamentos, concejos municipales y cualquier otro órgano que represente los intereses globales de una comunidad.

De la participación a la corresponsabilidad

(*) Ana María Maraboli

La gerencia de la Administración Pública ejemplifica perfectamente el significado de la complejidad.   En este sentido, resulta imprescindible la contextualización debido a que no es posible desvincular la Administración Pública, brazo ejecutor del Estado,  de las decisiones de una Sociedad Civil que le da origen y lo delimita. Mientras mayor sea la participación de esta sociedad, mayores serán los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de la Administración Pública.

La importancia y la relevancia de la participación, ya no se discute,  lo que se encuentra en desarrollo permanente son los mejores estrategias para incentivarla y mantenerla en el tiempo. Una de esas vías es la rendición de cuentas  que por un lado le da transparencia al cumplimiento de objetivos y metas, y por otro lado, coloca de manifiesto la forma como se cumplieron dichos objetivos, evitando todas las formas de corrupción por acción y omisión, previstas en la Ley.

Del lado del Estado, poder y responsabilidad son caras de una misma moneda; desde la perspectiva de la sociedad, participación y corresponsabilidad se concentran de manera indivisible en torno a un punto común representado por el beneficio colectivo y la satisfacción de las necesidades de la población. La corresponsabilidad significa que el ciudadano es capaz de reconocerse a sí mismo como autor de sus acciones y que está dispuesto a cargar con las consecuencias de esa libertad. Constitucionalmente se encuentran plasmadas las características de la Administración Pública fundamentada en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

La misma Carta Magna estipula el derecho a la participación ciudadana, teniendo la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones en los distintos órganos y entes del Poder Público en sus distintos ámbitos de actuación. De esta manera la Gerencia Participativa, con un alto componente de sensibilidad social, que exige la incorporación de nuevos actores en el proceso de gestión, representa el punto de partida de un nuevo modelo de Administración Pública.

Existen, sin embargo, condiciones indispensables para que pueda predominar un modelo de Gerencia Participativa entre ellas se encuentran: (a) que  exista participación, (b) que exista compromiso, (c) que exista sentido de solidaridad, (d) que la justicia social sea el valor central, y  (e) que exista un solo liderazgo. De forma conjunta, se requiere la formación de valores como: entusiasmo, lealtad,  honestidad,  desinhibición, compartir ideas y conocimientos,  solidaridad, y  conformidad y paz.

Ante los complejos retos de la actualidad y la incertidumbre propia del futuro, la Administración Pública, al igual que el resto de las organizaciones, se encuentra en proceso de cambio; de la preparación para participar e intervenir en la toma de decisiones que tenga la Sociedad Civil y los distintos sectores que la conforman, depende la velocidad y dirección de este proceso, así como sus resultados. Después de todo la Administración Pública es solo el reflejo de las voluntades de los ciudadanos que le dieron el poder para representarlos.

¿Por qué se perdió la participación?

La democracia de este siglo, especialmente la venezolana, tenia una singularidad se auto denominaba protagónica y participativa. Se creó y se promulgó, el margo legal que le diera forma y fondo a estas dos características. Se dispusieron de los recursos necesarios para sacar adelante el proceso bajo estas premisas. Al cabo de de siete años, un rotundo fracaso. 

Entiendo que los analistas en su mayoría opinan que la idea es el cambio gubernamental, una vez terminado este período, y un viraje nuevamente a la situación económica y social del país. Sin embargo, pocos van al fondo de este asunto, y es que  todos somos culpables por acción o por omisión de nuestra situación actual, permeada de corrupción y anarquía administrativa. 

Fuimos permisivos cuando dejamos que nuestros cociudadanos hicieran uso de nuestra voz en sesiones comunales, fuimos permisivos cuando los dejamos manejar los recursos que le pertenecían a toda la comunidad, sin presentar una simple y rasa rendición de cuentas, y fuimos todavía mas permisivos cuando al enterarnos de uno que otro desliz financiero, no hicimos las denuncias respectivas porque se trataba de un familiar o un vecino.

Efectivamente se le dio poder al pueblo, pero el pueblo no supo que hacer con ese poder, salvo inventar e innovar nuevas y mejores formas de desfalcar al Estado. No digo que el Estado no haya sido culpable, porque por el contrario lo fue. Fue culpable cuando colocó en puestos de poder a personas sin formación académica, ni compromiso ideológico (en este país habían personas con este perfil); fue culpable cuando no le dio seguimiento a los recursos otorgados y acompañamiento a las nuevas formas comunales que iban surgiendo producto de su quehacer; y fue, aun más culpable, cuando habiendo detectado irregularidades, no otorgó la sanción correspondiente.

No me queda ninguna duda de que este proceso así concebido, con miras a fortalecer la participación y la corresponsabilidad social mediante la promoción de la participación ciudadana, se perdió; sin embargo, esto no pasó por fallas en el modelo, el modelo de Gestión Participativa sirve, sino por la profunda herencia cultural de nuestro pueblo la cual debe ser revisada, analizada y corregida antes de volver a otorgarle el poder al pueblo para manejar su destino.