martes, 10 de noviembre de 2015

De la participación a la corresponsabilidad

(*) Ana María Maraboli


La gerencia de la Administración Pública ejemplifica perfectamente el significado de la complejidad.   En este sentido, resulta imprescindible la contextualización debido a que no es posible desvincular la Administración Pública, brazo ejecutor del Estado,  de las decisiones de una Sociedad Civil que le da origen y lo delimita. Mientras mayor sea la participación de esta sociedad, mayores serán los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de la Administración Pública.

La importancia y la relevancia de la participación, ya no se discute,  lo que se encuentra en desarrollo permanente son los mejores estrategias para incentivarla y mantenerla en el tiempo. Una de esas vías es la rendición de cuentas  que por un lado le da transparencia al cumplimiento de objetivos y metas, y por otro lado, coloca de manifiesto la forma como se cumplieron dichos objetivos, evitando todas las formas de corrupción por acción y omisión, previstas en la Ley.


Del lado del Estado, poder y responsabilidad son caras de una misma moneda; desde la perspectiva de la sociedad, participación y corresponsabilidad se concentran de manera indivisible en torno a un punto común representado por el beneficio colectivo y la satisfacción de las necesidades de la población. La corresponsabilidad significa que el ciudadano es capaz de reconocerse a sí mismo como autor de sus acciones y que está dispuesto a cargar con las consecuencias de esa libertad. Constitucionalmente se encuentran plasmadas las características de la Administración Pública fundamentada en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.


La misma Carta Magna estipula el derecho a la participación ciudadana, teniendo la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones en los distintos órganos y entes del Poder Público en sus distintos ámbitos de actuación. De esta manera la Gerencia Participativa, con un alto componente de sensibilidad social, que exige la incorporación de nuevos actores en el proceso de gestión, representa el punto de partida de un nuevo modelo de Administración Pública.


Existen, sin embargo, condiciones indispensables para que pueda predominar un modelo de Gerencia Participativa entre ellas se encuentran: (a) que  exista participación, (b) que exista compromiso, (c) que exista sentido de solidaridad, (d) que la justicia social sea el valor central, y  (e) que exista un solo liderazgo. De forma conjunta, se requiere la formación de valores como: entusiasmo, lealtad,  honestidad,  desinhibición, compartir ideas y conocimientos,  solidaridad, y  conformidad y paz.


Ante los complejos retos de la actualidad y la incertidumbre propia del futuro, la Administración Pública, al igual que el resto de las organizaciones, se encuentra en proceso de cambio; de la preparación para participar e intervenir en la toma de decisiones que tenga la Sociedad Civil y los distintos sectores que la conforman, depende la velocidad y dirección de este proceso, así como sus resultados. Después de todo la Administración Pública es solo el reflejo de las voluntades de los ciudadanos que le dieron el poder para representarlos.