Partidos Políticos y Opinión Pública

En la sociedad contemporánea se encuentra presente un fenómeno complejo y en continuo crecimiento: la realidad de los medios de comunicación social, los “ mass-media”, o los “medios de masas” que están presentes en parcelas cada vez más amplias de nuestra vida. Los medios de comunicación acercan a la “aldea global”, en donde hechos, acontecimientos, informaciones, opiniones, de todo el planeta llegan a ser conocidos de forma casi inmediata en los lugares a los que dichos medios alcanzan. El fenómeno reviste tanta importancia que a pesar de su novedad, existe una amplia bibliografía sobre los medios, su incidencia en la sociedad, su estructura comunicativa, sus códigos expresivos y los recursos propios de cada medio.

Los ciudadanos deben disponer de información plural e independiente acerca de las diferentes alternativas existentes para definir y formular sus preferencias en el marco de cualquier sistema poliárquico. Los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental como transmisores de información, creadores de opinión y agentes de socialización, esto es, instrumentos de difusión y transmisión de los valores políticos.

Especialmente durante las campañas electorales, los partidos y candidatos transmiten de forma directa e indirecta información sobre sus proyectos políticos. Cuando lo hacen de manera directa utilizan vías como internet, cartas, mítines, entrevistas, contacto personal, pero cuando lo hacen de manera indirecta emplean la prensa, la radio, la televisión. Los medios de comunicación también tienen un papel importante como agentes de movilización.

Ellos dan visibilidad a los actos participativos, especialmente si estos son de protesta, lo que ayuda a su eficacia, y son instrumentos que contribuyen a que los líderes políticos movilicen a diversos sectores en su favor e incluso con su mera cobertura periodística puede contribuir a esa movilización. Los medios de comunicación son actores políticos que expresan o articulan intereses de diversos sectores económicos y sociales ligados a los mismos.

Los medios ejercen control político sobre lo que ocurre en las instituciones y en la vida política. Tienen un papel clave como agentes de denuncia y control de las acciones de gobierno, sobre las actuaciones de la oposición o, a nivel más personal, sobre la vida misma de los políticos. Los medios pueden se convertir en grupos de presión sobre cuestiones puntuales, cambiar el desarrollo de unos hechos e incluso hacer que una política no se lleve a cabo o que un gobierno tenga que renunciar.

Los medios de comunicación de masas cuando son de propiedad pública también pueden ser entendidos como instituciones políticas que se encargan de desarrollar un servicio público en beneficio de toda la población. La posición idealista asume que cuando un medio es público en una democracia competitiva, no responde a las necesidades del gobierno de turno, sino que se convierte en el transmisor de una serie de valores democráticos y constitucionales del conjunto del Estado.

A pesar de los deseos de independencia que se puedan exigir, los contenidos de un medio de comunicación público forman parte de una política pública gubernamental, con lo cual los medios están sujetos a los criterios del partido, grupo político o líder que está en el poder. Por ello es fundamental garantizar la independencia política y económica, garantizar el acceso de la ciudadanía y el desarrollo de contenidos de calidad a estas instituciones.   

Ninguna organización social es ajena esta realidad y menos los partidos políticos y su representación de todo un sistema político. Los partidos políticos desempeñan funciones específicas en los regímenes democráticos, clasificadas de acuerdo a su origen en social e institucional. Las funciones sociales son aquellas que tienen los partidos como organizaciones que nacen de la sociedad, ante la cual tienen ciertas responsabilidades. Entre ellas se destacan la socialización política, la movilización de la opinión pública, la representación de intereses y la legitimación del sistema político. (Cárdenas, 2011)

La socialización política implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la democracia. Los primeros partidos de masas, que fueron de carácter obrero, estaban encargados de afirmar una identidad de clase y de preservar y transmitir pautas de comportamiento y valores que configuraban la cultura de la clase obrera.

Los partidos modernos siguen teniendo la obligación de promover los valores democráticos, el respeto de los derechos humanos, la práctica de la tolerancia y el derecho al disenso, así como también la de capacitar a sus miembros en los principios ideológicos del partido y difundir éstos entre los ciudadanos. Para realizar estas actividades cuentan con medios de difusión, publicaciones, escuelas de cuadros y, en general, centros de transmisión de sus ideas, no sólo a sus militantes, sino a todos los ciudadanos.

En la actualidad, la función socializadora de los partidos ha descendido en importancia por el papel creciente de los medios de comunicación. Los medios partidistas tienen una precaria existencia, pues los ciudadanos y en ocasiones los mismos afiliados prefieren una información menos doctrinaria. Gran parte de la llamada crisis de los partidos tiene que ver con la actual debilidad de su función socializadora, pues ello se interpreta como una incapacidad para vincularse con las aspiraciones y los intereses de la sociedad.

Corresponde a los partidos políticos permitir que se expresen las opiniones, pareceres y criterios de la sociedad civil y posteriormente dirigirlos a una concreción eficaz. Los partidos, al disponer de los medios materiales y las garantías de permanencia y continuidad, pueden asegurar la generación de movimientos de opinión. Sin embargo, algunos críticos de los partidos han señalado que éstos han sido rebasados por los movimientos sociales en cuanto a su aptitud para movilizar la opinión pública.

Esta afirmación difícilmente se puede generalizar puesto que algunos partidos han perdido su capacidad para articular las demandas de la comunidad, y ante ciertas reivindicaciones de los movimientos sociales no actúan con la celeridad que se requiere. Otros, en cambio, actualizan y reformulan sus estrategias y logran conformar mejores ofertas políticas frente a sus miembros y al resto de la sociedad.

La tercera función social de los partidos es la representación de intereses.  En la actualidad los partidos suelen intentar representar intereses muy variados y a veces contradictorios, lo cual significa que los partidos son medios de canalización de múltiples intereses, pero tienden a preferir unos sobre otros, atendiendo a su origen histórico o ideológico o a una determinada coyuntura política.

La última de las funciones sociales de los partidos es su papel como legitimadores del sistema político. Los criterios para medir la legitimidad de un sistema van desde su capacidad para mantenerse estable, ser eficaz y gozar de la aceptación de los ciudadanos, hasta la de respetar los derechos humanos en todas las esferas del poder. Uno de los criterios más aceptados en una democracia para medir la legitimidad del sistema alude a su capacidad para promover en su conjunto los procedimientos y las instituciones democráticas y para garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Los partidos desempeñan una importante labor en esta función legitimadora, pues tienen un papel fundamental en la conformación de los órganos del Estado mediante las elecciones y, por otra, son focos de discusión y debate, con la obligación de no cancelar los procedimientos y las instituciones democráticas, y velar por el respeto de los derechos fundamentales.

Los partidos políticos hacen posible la democracia al hacer viables las decisiones mayoritarias e impiden excluir de los derechos a las minorías, permiten el consenso pero también el disenso y, por tanto, la tolerancia y el libre debate de las ideas, programas políticos y leyes. Esta función es la más importante de los partidos y refuerza la necesidad que tienen las democracias de conservarlos y perfeccionarlos.

Las otras funciones de los partidos políticos son las institucionales. Entre ellas se encuentran el reclutamiento y selección de élites, la organización de las elecciones y la formación y composición de los principales órganos del Estado, consideradas indispensables para la integración de los órganos del Estado y, por tanto, para la existencia de la organización estatal y del Estado de derecho.

La primera de las funciones institucionales, el reclutamiento y la selección de gobernantes, obedece a la necesidad que tiene cualquier sociedad de contar con un grupo dirigente que se encargue de la administración de los asuntos comunes. Una de las consecuencias más nefastas que trae consigo esta función, cuando no se realiza utilizando métodos y procedimientos democráticos internos, es la tendencia al funcionamiento oligárquico de los partidos.

De acuerdo a Michels (2008), este sigue siendo el desafío más grande que enfrentan los partidos, ya que la organización formal que requiere el partido para desarrollarse lleva en ocasiones a que los dirigentes adopten decisiones por encima de los intereses y deseos de la base. A pesar de ello, el reclutamiento de gobernantes, tiene efectos positivos en el sistema en su conjunto: contribuye a darle estabilidad, a profesionalizar la política y a alentar liderazgos que suelen ser determinantes en la vida de los Estados.

La segunda función institucional es la de organizar elecciones, lo cual implica la influencia de los partidos en la elaboración de la legislación electoral, su papel en todas las etapas o procesos electorales y el hecho de ser los principales beneficiarios del resultado electoral. La preponderancia de los partidos sobre las candidaturas independientes, cuando éstas existen, es más que notable.

De esta forma, los partidos presentan candidaturas, llevan a cabo la totalidad de la campaña electoral, determinan qué candidatos o afiliados participan en dicha campaña, designan representantes en las mesas electorales, participan en la totalidad del escrutinio y están legitimados para plantear los recursos que consideren oportunos y sean procedentes en materia de derecho electoral. Es casi imposible que funcione un sistema electoral sin el concurso de los partidos políticos.

La tercera de las funciones institucionales de los partidos es su papel en la organización y composición de los poderes públicos, principalmente del poder legislativo. Los candidatos triunfadores de los partidos integran las cámaras y conforman grupos parlamentario; igualmente, ocupan las distintas comisiones y estructuras del congreso.

En el caso del poder ejecutivo, y más aún en aquellos países donde no existe personal de carrera, los partidos triunfantes llenan casi en su totalidad los cargos públicos. Respecto al poder judicial, los partidos suelen tener en varios países una importante función en la designación de los miembros más importantes de la judicatura, pues mediante sus representantes en las cámaras y en el poder ejecutivo determinan quiénes serán los próximos ministros o magistrados.

Sobre el resto de los órganos del Estado, los partidos tienen también la función de organizarlos e integrarlos, influyendo en la designación o el veto de sus miembros y aprobando, por la vía legislativa, la estructura de los distintos cuerpos de autoridad. Esa es la razón por la que se ha sostenido que el Estado moderno es un Estado de partidos, y cuando degenera en corrupción y clientelismo deriva en partidocracia.

De esta forma, la participación política es un término que va unido al de democracia. Para que la democracia sea legítima, necesariamente necesita de la participación política, que es la posibilidad que tienen los ciudadanos de incidir en el curso de los acontecimientos políticos; es decir, son acciones que realizan los ciudadanos para incidir en un bajo o alto grado en los asuntos de un Estado.

Desde la perspectiva de la ciencia política, y más concretamente desde la teoría democrática de las elites, el liderazgo se ha considerado una pieza básica del sistema representativo democrático por los variados e importantes papeles que desempeña: desde nexo de unión de los militantes, pasando por ser la voz y el rostro del partido en sus aspiraciones, hasta devenir icono del electorado.

Las estrategias productivas de los medios informativos, en su afán por ganar audiencia, no hacen sino incrementar este fenómeno. Cada vez resulta más difícil encontrar una noticia de política sin contenido personal del líder político. Se trata de un concepto de liderazgo político basado en la visibilidad del medio; un liderazgo creado y diseñado para “ser observado” como símbolo de acciones y propuestas de su partido o de su gobierno (Rospir, 1999). Se trata de un liderazgo “electrónico”, en la medida en que su existencia, continuidad o futuro pende del medio audiovisual. De allí surge la afirmación que “El líder electrónico no tiene un pueblo; tiene público, tiene espectadores”.

La comunicación política se encuentra situada entre la ciencia política, la sociología y las ciencias de la comunicación. Estudia el papel de los medios de comunicación en la esfera política e incide en los procesos de comunicación de masas y en el comportamiento político. Aunque existe la tendencia generalizada a centrar el análisis de esta práctica en torno a las elecciones, la comunicación política no se sitúa solamente en el estudio de estos momentos sino de procesos políticos diversos (Rospir, 1990).

Los medios de comunicación son en la actualidad el espacio público de la comunicación política. Desde esta concepción, en su calidad de gestores institucionales de la opinión pública, los medios de comunicación parecen estar desplazando en la actualidad a otras instituciones, tales como la familia, la escuela o los partidos políticos, de su condición de agentes de socialización política, La centralidad de la televisión en el terreno de la comunicación política y en ese carácter están afectando las dimensiones cognitiva, afectiva y evaluativa de la cultura política. (Vega, 2010).

En el terreno de la comunicación política, antes de su aparición, el escenario de encuentro entre ciudadanos y políticos lo constituían los mítines y el parlamento, de los que la radio y la prensa solo daban cuenta, pero con su irrupción se modificó la forma de hacer política: urgió a adaptarla a un lenguaje televisivo. La televisión ha influido en la política al imponerle sus propias lógicas expositivas, modificando con ello el escenario político en general.

El resultado de estas mal implementadas estrategias es el debilitamiento de las identidades partidarias como referencia clave de la decisión electoral. Este fenómeno comporta una progresiva disminución del voto de clase, en particular, y de los comportamientos electorales. En cambio, los factores coyunturales como climas de opinión y, sobre todo, la elección de candidatos, parecen ganar fuerza en la evaluación del elector para elegir su papeleta, lo que no dejaría de ser un factor más de desideologización de la sociedad al sustituirse la identidad partidaria por los temas difundidos por los medios masivos de comunicación.

La consecuencia final es que parece haberse asentado en la cultura política de las sociedades actuales el axioma de que no puede haber política sin líder. Lo que no deja de ser una contradicción con la propia base etimológica de la palabra democracia, concebida como el gobierno del pueblo por el pueblo. Al mismo tiempo, el líder se convierte en el referente básico de la competencia electoral democrática, lo que significaría reconocer una vuelta a la vieja tesis weberiana de que las elecciones son plebiscitos entre candidatos.

Todos estos cambios tienen un motor básico en la televisión, lo que también implicaría asumir que son los medios los responsables últimos de la comunicación política. Es decir, que el resultado final de la comunicación política pasa a depender de la capacidad de visibilidad que logre el líder en los medios electrónicos, así como de la fuerza comunicativa que tenga la imagen que proyecte (Bouza, 1988).

En este momento se introduce en este análisis el concepto de opinión pública, el cual es ambiguo, difícil de delimitar; y siempre problemático. A pesar de la dificultad de encontrar una definición general y unívoca de la opinión pública se puede afirmar que es un fenómeno comunicativo y psicosocial que depende del contexto histórico y sociocultural.

Al mismo tiempo que es producto de varios factores como la personalidad de los individuos, de los estratos sociales, de la forma de gobierno, del sistema educativo imperante, de la acción de los medios de comunicación, entre otros. El problema, por tanto, es complejo y debe ser revisado con un alto sentido crítico.

De hecho, los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos, han tratado de influir en el quehacer estatal, no siempre en beneficio del bien común y de la libertad de expresión como a veces se ha querido entender, sino en su propio interés y conforme a procedimientos bien lejanos de la libertad de información de los usuarios, ya que muchos medios de comunicación sirven a los intereses de sus propietarios, promueven las campañas que política, económica y culturalmente interesan a quienes pagan.

Si se revisa el papel que juega el Estado, pareciera el de un  empresario más dentro del campo de la competencia económica, en donde lo que interesa no necesariamente es el poder político, sino las ganancias económicas que represente la participación y el control de los flujos de información. La relación entre medios y la democracia, como ya se ha afirmado, consiste en que la información es la base de todo proceso democrático, o como afirma Valadés: "todo proceso democrático es un proceso comunicativo" ya que la democracia misma es el resultado de procesos deliberativos y toda deliberación "supone la modificación endógena de las preferencias a través de la comunicación".

Tal como lo afirma Dahl (1992) todo sistema democrático tiene dos componentes básicos: (1) Libertad de expresión: los ciudadanos tienen el derecho a expresarse, sin correr peligro de sufrir castigos severos, en cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la crítica a los funcionarios públicos, el gobierno, el régimen, el sistema socioeconómico y la ideología prevaleciente, (2) Variedad de fuentes de información: los ciudadanos tienen derecho a procurarse diversas fuentes de información, que no sólo existen sino que están protegidas por la ley.

En concreto, los medios de comunicación en una sociedad democrática moderna cumplen con las siguientes funciones: a) producir información, cultura, educación y entretenimiento que contribuya a la formación de una cultura cívica; b) supervisar y vigilar la gestión y organización del poder público; c) servir al interés público de los ciudadanos; d) difundir dicha información y convertirla atractiva para la audiencia. En este aspecto, una vez que se hayan establecido las normas jurídicas que den figura a un sistema democrático, el papel del Estado se reduce a velar por el cumplimiento de las modalidades de los derechos, sea para impedir los abusos, o sea para anular los actos contrarios a las normas.

Resulta importante señalar que en paralelo a esta revolución democrática, especialmente en los últimos veinte años, se ha producido una nueva revolución tecnológica, significando el traspaso desde una sociedad industrial hacia una sociedad basada en el conocimiento, en red, con el crecimiento exponencial de Internet como máxima expresión de sus ilimitadas posibilidades. El entrecruzamiento entre ambos fenómenos, democracia e Internet, es tan evidente como de estudio reciente.

Internet proporciona múltiples oportunidades para la participación ciudadana, como el desarrollo potencial del voto mediante conexión en línea; la puesta a disposición del usuario de páginas electrónicas de partidos y candidatos; el acceso a fuentes y documentos públicos y gubernamentales; el aumento de la capacidad de trabajo y cooperación entre grupos de interés y nuevos movimientos sociales; la fácil disponibilidad de fuentes de información y noticias sobre acontecimientos de actualidad provenientes de periódicos en línea, televisión de banda ancha y canales de radio; la capacidad de los ciudadanos de ponerse en contacto con los representantes por ellos elegidos y de examinar a fondo la legislación emanada de las instituciones locales y nacionales; y la puesta a disposición de servicios públicos en línea sobre impuestos, sanidad, vivienda y educación. Los partidos también pueden disponer de Internet para generar más posibilidades de participación, movilización e información a sus miembros y mejorar los condiciones de comunicación entre ellos y los líderes partidistas.

Las características estructurales propias de la Web la convierten en el ejemplo perfecto de un sistema democrático: la carencia de control centralizado, la creación de redes de pares, la cultura en torno a compartir, y su carácter masivo. Teóricamente, el acceso universal a Internet se constituiría en un mecanismo abierto, inclusivo y a bajo costo para que todas las personas tengan acceso equitativo a mecanismos de participación, comunicación y organización.

Sin embargo, los retos de la democracia electrónica incluyen, entre otros, preocupaciones relacionadas con la seguridad y protección de los datos personales, y la verdadera existencia de ese acceso universal a Internet del que hablamos, sumado a los niveles de alfabetización digital necesarios para que las personas puedan participar de manera efectiva. Los sistemas democráticos con los que contamos en la actualidad no suelen requerir una comprensión demasiado profunda de su funcionamiento, aunque quizá pueda argumentarse que esta carencia de conocimiento por parte de los votantes sea una falla y no una virtud.

En teoría, Internet ofrece a las personas un mecanismo más sencillo y a menor costo para investigar sus opciones e involucrarse en la política, lo cual debería facilitar que más personas participen del proceso. En los lugares donde, además, se permite y protege el anonimato, éste puede hacer que la persona se sienta más segura de expresar sus opiniones con respecto al gobierno. Aunado a esto, lo que quizás constituya el centro del concepto de democracia digital es la posibilidad que ofrece Internet de construir una plataforma de seguidores, de influenciar las opiniones de un alto número de personas aún contando con muy pocos recursos financieros.

Castells (2011) afirma que estas nuevas tecnologías de la información tiene las siguiente características: (1) Son tecnologías que actúan sobre la información, y no solamente información para actuar sobre la tecnología; (2) Poseen efectos y alcances con una elevada capacidad de penetración; (3) La lógica de interconexiones de todo el sistema o conjunto de relaciones que utiliza hace que la morfología de la red pueda adaptarse a una complejidad creciente de interacción, con pautas de desarrollo impredecibles que surgen del poder creativo de esa misma interacción; (4) Poseen una flexibilidad que las hace maleables e incontrolables a la vez; (5) Iniciadas como tecnologías muy específicas, terminan convergiendo en un sistema altamente integrado.

Entonces resulta evidente que otra comunicación es posible. Los grandes medios de comunicación ya no son la única fuente. Los medios tradicionales están siendo obligados a redefinir su papel. Ahora, cualquiera puede buscar sus propios canales para informar y ser informado, gracias a múltiples aplicaciones puestas a disposición del ciudadano. Las nuevas tecnologías han aumentado de forma espectacular la potencialidad de los medios.

La información es poder y el poder, y las relaciones de poder, son esenciales, en toda sociedad porque quien tiene poder construyen las instituciones en función de sus intereses y valores. Se ha pasado de un sistema de comunicación de masas, a un sistema de auto-comunicación de masas, a través de internet y de las redes móviles.

Por auto comunicación de masas se entiende la capacidad de cada persona de emitir sus mensajes, seleccionar los mensajes que quiere recibir, organizar sus propias redes, ponerse de acuerdo con otras personas en redes en internet, en que los contenidos, las formas, los participantes de esas redes son decididos autónomamente.

Efectivamente todo esto en un entorno dominado por las empresas de telecomunicación, las empresas de internet. Pero, aún en ese espacio, hay posibilidades infinitamente mayores de las que había en los medios tradicionales de comunicación de masas, para organizar redes horizontales de comunicación interactivas, que llegan a la sociedad a través de personas, intereses, valores, grupos sociales, que no se están representando en los sistemas corporativos de poder. Y por consiguiente se ha ampliado extraordinariamente el espacio de la comunicación conflictiva y por tanto el espacio de la capacidad de auto organización de las personas en la sociedad.

La comunicación es esencial, un derecho fundamental, porque si es la base del poder y del contra poder, la democratización de la comunicación es el principio de la democratización de las instituciones y de la sociedad misma. La comunicación libre, autónoma y para todo el mundo, es un derecho tan fundamental como la salud o la educación.

En la democracia actual los medios de comunicación se han convertido en un sistema parapolítico que influye en el sistema, las instituciones, los ciudadanos y los modos de relacionarse con, desde y hacia el poder (Corredor, 2003). Sin embargo, es obligatorio volver la vista a lo que realmente los medios de comunicación ofrecen y ponderan en un esquema de conglomerados que concentran la información.

Recordando que una de las características o estrategia de negocios de las empresas mediáticas es el sensacionalismo o dramatismo en las historias, creando un sistema de valores falsos que son sostenidos por estudios de mercado y lanzados como "lo que interesa al público" que no es lo mismo que "el interés público".

El hecho es que si los medios de comunicación no fomentan los valores democráticos y enriquecen la cultura cívica, resulta que el negocio que los medios representan no es compatible con los propósitos democráticos o útil siquiera al Estado de derecho. Es más, el sensacionalismo ha probado ser mitigante de los valores democráticos. (Luna, 2001).

Las democracias actuales requieren de una cultura cívica sólida que participe y se interese por los asuntos públicos. En cuanto la sociedad civil se organice y se forme una masa crítica capaz de manifestar sus necesidades y deseos frente a la información, contenidos y acceso que de los medios obtenga, estos serán rentables y capitalizables como beneficiosos para la sociedad.

Referencias Bibliográficas

Cárdenas, J. (2001). Partidos políticos y democracia. Disponible:  http://bibliohistorico.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=503

Castells, M. (2011). Comunicación, poder y democracia. Disponible: https://culturaelectoral.wordpress.com/2011/05/27/manuel-castells-comunicacion-poder-y-democracia/

Corredor, M. (2003). De la retórica a la ciberpolitica. Disponible: http://www.gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/COM2003121_4-9.pdf

Dahl, R. (1992) La democracia y sus críticos. Disponible: http://ih-vm-cisreis.c.mad.interhost.com/REIS/PDF/REIS_079_14.pdf

Luna. I. (2001). Medios de comunicación y democracia: 
Realidad, cultura cívica y respuestas legales y políticas Disponible: http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n23/23_iluna.html

Michels, R. (2008). Los Partidos Políticos.

Rospir, J. (1999). "La globalización de las campañas electorales". En A. Muñoz-Alonso y J. Rospir, Democracia mediática y campañas electorales, pp. 55-88, Madrid: Ariel Comunicación.

Vega, A. (2010). La centralidad de la televisión en el Terreno de la comunicación política- Disponible: file:///C:/Users/Ana/Downloads/Dialnet-LaCentralidadDeLaTelevisionEnElTerrenoDeLaComunica-3739702.pdf