Poliarquía

Un Modelo de Poliarquía basado en la Participación Ciudadana

Las democracias actuales no pueden ser consideradas auténticas democracias en el sentido literal de “gobierno del pueblo”.  Según Dahl (1989), la democracia exige una serie de requisitos en cuanto a participación efectiva, comprensión e información de los asuntos públicos, capacidad de influir en la agenda y consideración de todo tipo de intereses ciudadanos que no suelen cumplirse.

Dahl establece el concepto de poliarquías para definir a las democracias occidentales, caracterizadas por tener cargos públicos elegidos, elecciones libres, libertad de expresión y de asociación, es decir: los requisitos formales de una democracia, pero no son auténticas democracias. En por ello que se hace necesario seguir avanzando hacia un modelo de democracia en el que la participación efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones se amplíe a costa de las élites dominantes, incluidos los partidos políticos.

Esta ciudadanía incompleta requiere cargos electivos para el control de las decisiones políticas, elecciones libres periódicas e imparciales, sufragio inclusivo, derecho a ocupar cargos públicos en el gobierno, libertad de expresión, existencia y protección por la ley de variedad de fuentes de información y derecho a construir y participar en asociaciones u organizaciones autónomas.

En este marco, si se entiende por participación al proceso de intervención de individuos, grupos y asociaciones, como sujetos y actores, en las decisiones y acciones que los afectan a ellos y a su entorno; y por ciudadanía la reivindicación de un sujeto de derechos y responsabilidades frente a un determinado poder, la Participación Ciudadana representa la intervención de los integrantes de la sociedad en actividades públicas como portadores de intereses sociales. (Sanhueza, 2004)

Asimismo, si se entiende por Gestión Pública la manera de organizar la asignación y utilización de los recursos humanos, normativos, económico-financieros, tecnológicos y físicos para el cumplimiento de los objetivos y actividades del Estado, la Participación Ciudadana en la Gestión Pública se refiere al rol del ciudadano como copartícipe y como destinatario de las decisiones y gestiones asociadas a la planificación, presupuesto, ejecución, control y evaluación de acciones públicas, y este rol se entiende como un derecho ciudadano.

Por lo tanto, la participación de la ciudadanía en la gestión pública contribuye a una reformulación de “lo público”, propiciando conquistas de la Sociedad Civil en dominios anteriormente reservados al Estado o al mercado, pudiendo contribuir a corregir fallas de uno o del otro, así como a construir y reconstruir instituciones para la paulatina y equitativa organización de los intereses de la sociedad.

La Participación Ciudadana no es un proceso que se genera de manera espontánea, sino que requiere: (a) un sector público con disposición hacia la apertura, que difunda la información y establezca espacios y mecanismos para acoger y canalizar las preocupaciones, necesidades y propuestas de la ciudadanía, (b) una ciudadanía que se involucre en las cuestiones públicas, con organizaciones que representen toda su diversidad, (c) actitudes, disposiciones, espacios y herramientas que contribuyan a que los derechos y deberes establecidos sean efectivamente reconocidos y ejercidos, (d) legitimación de procesos en marcha y articulación de las ideas y del conocimiento existente, y (e) efectivos procesos de diseño, organización, coordinación, dirección, seguimiento, control y evaluación de la participación.

De acuerdo a Sanhueza (2004), los procesos para el ejercicio del derecho activo a la Participación Ciudadana en la gestión pública deberían reunir las siguientes características: (a) reconocimiento, respeto y empatía por el otro: ello implica aceptar que sobre cada tema existen diversas percepciones, valoraciones e intereses legítimos y estar dispuesto a ponerse en el lugar del otro, a incorporar nuevas perspectivas, a buscar intereses compartidos, y a abrirse al cambio y a lo nuevo; (b) orientación a resultados: las personas y las instituciones necesitan razones y objetivos claros para participar en la gestión pública; (c) inclusión: deben participar del proceso todas aquellas personas, grupos y organizaciones con interés significativo en el asunto y que puedan ser afectados positiva o negativamente por los resultados.

Referencias Bibliográficas

Dahl, R. (1989). La poliarquía. Disponible: http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cpuno/asoc/profesores/lecturas/dahl2.pdf

Sanhueza, A. (2004). Participación ciudadana en la gestión pública. Corporación Participa. Santiago. Disponible: http://www.participa.cl/wp-content/uploads/2007/10/participacion-ciudadana-en-la-gestion-publica.pdf

La democracia de Sartori

¿Qué es Democracia? Giovanni Sartori

Introducción

Un problema para la democracia es el hecho de que pueda tener varios significados al mismo tiempo e ideas erróneas sobre la misma la hacen funcionar mal.  A menos que se definan claramente esas palabras y se llegue a un acuerdo sobre las definiciones, la gente vivirá en una enredada confusión de ideas.

De esta forma, definir la democracia es importante porque establece qué se espera de ella. Si se define de forma "irreal", nunca se encontraran "realidades democráticas". Si no se le sitúa en el plano correcto, no podrá describirse, comprenderse y mejorarse; por el contrario se corre el riesgo de que se desdibuje de manera incomprensible, violentando inclusive los derechos individuales de todos los que de ella participan.

La importancia de la definición

Para Giovanni Sartori el principal problema procede de la definición de democracia, la oposición entre el deber ser (democracia prescriptiva) y el ser (democracia descriptiva), pues existe la diferencia entre la realidad conocida y el ideal que transmite su significado, el gobierno del pueblo. Se debe superar esta distinción mostrando que toda descripción trata de una realidad que es un intento de cumplir con un ideal.

La palabra democracia siempre ha indicado una entidad política, una forma de Estado y de gobierno; y ésa sigue siendo la acepción primaria del término; sin embargo al escudriñar en la teoría y la práctica y entre el es y el deber ser, la situación se vuelva más compleja  y requiere de un estudio mayor.

Las trampas del discurso democrático

Según Sartori existen tres trampas simplistas básicas en las que puede incurrir el discurso democrático errado. El primer engaño es el terminológico, que se alimenta de la discusión del significado de la palabra democracia, igual a “poder del pueblo”. El segundo simplismo es el realístico, al señalar que lo único importante es lo real y que no cuenta lo ideal. El tercer engaño es el perfeccionista, que viene a ser el idealismo negativo, al no considerar la diferencia entre lo ideal y lo real y que existen errores que se deben reconocer para poder corregir.

Democracia social, económica y política

La democracia social consiste en la igualdad de condiciones, existe un espíritu igualitario que se refleja en la inexistencia de estamentos sociales. La democracia económica es entendida por Sartori como la introducción de la democracia en el mundo laboral, en la organización y gestión del trabajo. Sin el marco político democrático (que es en esencia la democracia) no puede haber ni democracia social ni democracia económica.

Por otra parte, si la democracia no se da en el sistema político, las pequeñas democracias sociales y económicas corren el riesgo de ser destruidas. Por ello "democracia" sin calificativos quiere decir democracia política. La diferencia entre esta democracia y las demás es que la democracia política es dominante y condicionante; las demás son subordinadas y condicionadas. Si falta la democracia mayor, faltan las democracias menores. Lo que explica por qué la democracia ha sido siempre un concepto preeminentemente desarrollado y teorizado en el contexto del sistema político.

Conclusión

La democracia deberá ser una forma de gobierno que garantice el equilibrio entre quienes forman la mayoría y la minoría generándose un verdadero consenso que no suprima a las minorías, pues de suprimirlas violaría los derechos individuales de un grupo determinado.

Sartori subordina todas las democracias no políticas (económica y social) a la democracia política, dado que ésta es la sola soberana, y por lo tanto un requisito para la existencia del resto de democracias. Sólo existe un marco democrático; sin embargo, existen dentro de ese marco, distintos modos de entender la democracia.

Referencia Bibliográfica

Sartori, G. (2007). ¿Qué es la Democracia? Taurus: Madrid.

Participación efectiva

La participación solo será efectiva si se concibe como un proceso educativo permanente, ya que para que la población sea consciente de sus problemas y de las características que definen su situación y además sea capaz de comprometerse con los procesos de cambio que originarán mejoras en su calidad de vida, es imprescindible que adquieran capacidades para ampliar sus espacios de actuación, de tal forma que se encuentren mejor preparados para dirigir dichos cambios. 

Desde el punto de vista del Estado, desarrollar políticas públicas activas en materia de Participación Social, particularmente a través de la educación respecto de los beneficios que esto trae en términos de ampliación y consolidación de la democracia como sistema político, es una manera de promover como efecto colateral las demandas de Participación Ciudadana legítima en la gestión pública, y a través de ello, una clara apuesta a aumentar en cantidad y calidad este tipo específico de participación. 

El tema de la participación es amplio y complejo: Cunill (2003), establece una clasificación de la participación, basada en la relación de los individuos con el Estado, distinguiendo entre: (a) participación social, (b) comunitaria, (c) política, y (d) ciudadana. La participación social se refiere a los fenómenos de agrupación de los individuos en organizaciones de la Sociedad Civil para la defensa de sus intereses sociales. Supone la pertenencia a una organización en la cual los individuos se relacionan no con el Estado sino con otras instituciones sociales. 

La participación comunitaria se relaciona directamente con el Desarrollo Comunitario, cuya intencionalidad va dirigida a fomentar la iniciativa de los propios individuos respecto de la solución de sus problemas y eventualmente orientar su acción hacia los objetivos de desarrollo previstos en los planes. La participación política es entendida como la intervención de los ciudadanos básicamente a través de los partidos políticos, parlamentos, concejos municipales y cualquier otro órgano que represente los intereses globales de una comunidad.

De la participación a la corresponsabilidad

(*) Ana María Maraboli

La gerencia de la Administración Pública ejemplifica perfectamente el significado de la complejidad.   En este sentido, resulta imprescindible la contextualización debido a que no es posible desvincular la Administración Pública, brazo ejecutor del Estado,  de las decisiones de una Sociedad Civil que le da origen y lo delimita. Mientras mayor sea la participación de esta sociedad, mayores serán los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de la Administración Pública.

La importancia y la relevancia de la participación, ya no se discute,  lo que se encuentra en desarrollo permanente son los mejores estrategias para incentivarla y mantenerla en el tiempo. Una de esas vías es la rendición de cuentas  que por un lado le da transparencia al cumplimiento de objetivos y metas, y por otro lado, coloca de manifiesto la forma como se cumplieron dichos objetivos, evitando todas las formas de corrupción por acción y omisión, previstas en la Ley.

Del lado del Estado, poder y responsabilidad son caras de una misma moneda; desde la perspectiva de la sociedad, participación y corresponsabilidad se concentran de manera indivisible en torno a un punto común representado por el beneficio colectivo y la satisfacción de las necesidades de la población. La corresponsabilidad significa que el ciudadano es capaz de reconocerse a sí mismo como autor de sus acciones y que está dispuesto a cargar con las consecuencias de esa libertad. Constitucionalmente se encuentran plasmadas las características de la Administración Pública fundamentada en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

La misma Carta Magna estipula el derecho a la participación ciudadana, teniendo la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones en los distintos órganos y entes del Poder Público en sus distintos ámbitos de actuación. De esta manera la Gerencia Participativa, con un alto componente de sensibilidad social, que exige la incorporación de nuevos actores en el proceso de gestión, representa el punto de partida de un nuevo modelo de Administración Pública.

Existen, sin embargo, condiciones indispensables para que pueda predominar un modelo de Gerencia Participativa entre ellas se encuentran: (a) que  exista participación, (b) que exista compromiso, (c) que exista sentido de solidaridad, (d) que la justicia social sea el valor central, y  (e) que exista un solo liderazgo. De forma conjunta, se requiere la formación de valores como: entusiasmo, lealtad,  honestidad,  desinhibición, compartir ideas y conocimientos,  solidaridad, y  conformidad y paz.

Ante los complejos retos de la actualidad y la incertidumbre propia del futuro, la Administración Pública, al igual que el resto de las organizaciones, se encuentra en proceso de cambio; de la preparación para participar e intervenir en la toma de decisiones que tenga la Sociedad Civil y los distintos sectores que la conforman, depende la velocidad y dirección de este proceso, así como sus resultados. Después de todo la Administración Pública es solo el reflejo de las voluntades de los ciudadanos que le dieron el poder para representarlos.