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La represión contra las comunidades indígenas de la Amazonía peruana, ordenada por el gobierno del presidente Alan García, es el hecho de sangre más grave de los últimos 50 años del país. El gobierno pretende dividir la Amazonía en lotes para entregar las tierras a las grandes empresas extranjeras y de esta forma busca imponer “un modelo de modernidad ”.
Frente a las medidas privatizadoras dictadas por el Ejecutivo y avaladas por el Parlamento, los pueblos indígenas comenzaron una serie de acciones para resistir la aplicación de las normas y el viernes pasado fueron reprimidos y desalojados de las carreteras por un operativo policial “con helicópteros, automóviles y camiones rompe manifestaciones, con gases lacrimógenos y tiros". Esta situación “provocó la respuesta no sólo de los nativos sino de las poblaciones urbanas de las localidades cercanas, generando un saldo de más de 30 muertos, decenas de desparecidos, entre nativos, pobladores urbanos y policías”.
Para el dirigente al dictar los decretos que permiten la entrega de tierra a compañías transnacionales, el gobierno de García incumplió el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “que obliga a que los pueblos originarios sean consultados sobre cualquier ley que los afecta”.
Alberto Pizango se refugia en la embajada de Nicaragua en Lima
El líder indígena Alberto Pizango, acusado por el gobierno de promover desórdenes, se refugió en la tarde del lunes en la embajada de Nicaragua en Lima en busca de asilo, informó el primer ministro Yehude Simon ante una comisión del Congreso peruano.
Pizango se encuentra con orden de detención luego de que el gobierno lo acusara de ser el responsable de los trágicos sucesos del pasado viernes y sábado en la ciudad nororiental de Bagua, durante el desalojo de indígenas de una carretera que estaba ocupada desde hace varias semanas. Los delitos de los que se le acusa y por los que rige una orden de búsqueda y captura de la fiscalía de Lima son los de sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos que podrían derivar en una sanción de hasta 35 años de cárcel, de acuerdo con juristas locales.
El embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, confirmó este martes que en su legación se refugió el líder indígena peruano Alberto Pizango, pero dijo que todavía no se le ha otorgado el asilo político. También señaló que el Gobierno peruano puede manifestar su molestia si se otorga el asilo, tal como hizo Venezuela cuando Lima le dio similar beneficio al líder opositor Manuel Rosales.
Frente a las medidas privatizadoras dictadas por el Ejecutivo y avaladas por el Parlamento, los pueblos indígenas comenzaron una serie de acciones para resistir la aplicación de las normas y el viernes pasado fueron reprimidos y desalojados de las carreteras por un operativo policial “con helicópteros, automóviles y camiones rompe manifestaciones, con gases lacrimógenos y tiros". Esta situación “provocó la respuesta no sólo de los nativos sino de las poblaciones urbanas de las localidades cercanas, generando un saldo de más de 30 muertos, decenas de desparecidos, entre nativos, pobladores urbanos y policías”.
Para el dirigente al dictar los decretos que permiten la entrega de tierra a compañías transnacionales, el gobierno de García incumplió el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “que obliga a que los pueblos originarios sean consultados sobre cualquier ley que los afecta”.
Alberto Pizango se refugia en la embajada de Nicaragua en Lima
El líder indígena Alberto Pizango, acusado por el gobierno de promover desórdenes, se refugió en la tarde del lunes en la embajada de Nicaragua en Lima en busca de asilo, informó el primer ministro Yehude Simon ante una comisión del Congreso peruano.
Pizango se encuentra con orden de detención luego de que el gobierno lo acusara de ser el responsable de los trágicos sucesos del pasado viernes y sábado en la ciudad nororiental de Bagua, durante el desalojo de indígenas de una carretera que estaba ocupada desde hace varias semanas. Los delitos de los que se le acusa y por los que rige una orden de búsqueda y captura de la fiscalía de Lima son los de sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos que podrían derivar en una sanción de hasta 35 años de cárcel, de acuerdo con juristas locales.
El embajador de Nicaragua en Lima, Tomás Borge, confirmó este martes que en su legación se refugió el líder indígena peruano Alberto Pizango, pero dijo que todavía no se le ha otorgado el asilo político. También señaló que el Gobierno peruano puede manifestar su molestia si se otorga el asilo, tal como hizo Venezuela cuando Lima le dio similar beneficio al líder opositor Manuel Rosales.
